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El creador de rojadirecta arriesga hasta seis años de cárcel

El portal sigue transmitiendo pese a no tener los derechos.

En el que se supone un golpe a la piratería (o más o menos), el juzgado de La Coruña comenzará próximamente el juicio de Igor Seoane, el creador del sitio web rojadirecta.com quien es acusado por delito continuado contra la propiedad intelectual y su derivado enriquecimiento ilícito.

Como seguro sabrán, el portal es recurrente para poder ver partidos de fútbol, básquetbol y todo tipo de deportes sin tener que pagar por aquel contenido premium o siquiera estar suscrito a alguna compañía de cable o digital. Todo completamente gratuito, claro que con una calidad bastante baja.

Y su historia comenzó obviamente con la transmisión de la La Liga, el campeonato de Primera División de España, que desde hace muchísimo tiempo cuenta con transmisiones de pago exclusivas y con el tiempo se fueron expandiendo a torneos de otros países y también a otras disciplinas deportivas; la voz se corrió rápidamente.

En Latinoamérica el sitio se hizo muy conocido por la posibilidad de encontrar ahí la transmisión de la Copa Libertadores y en el caso de nuestro país, se hizo usual para poder seguir el Campeonato Nacional una vez comenzó a operar el ahora extinto CDF.

Lo que pide la parte querellante son cuatro años de cárcel para Seoane además de una multa de seis millones de euros, casi la mitad de lo que obtuvieron en unos cuantos años gracias a la publicidad del sitio y también de la comisión cobrada al derivar tráfico a páginas web de apuestas en línea.

El juicio no se centrará solo en el creador de rojadirecta.com sino que incluye además a otros cuatro acusados que arriesgan penas de dos años y tres meses de cárcel. Y junto con ello, piden el cese inmediato de la web indicada y que se borre todo rastro de la actividad pirata que desarrollan desde hace varios años.

Lo paradójico de todo esto es que la cuestionada web sigue funcionando de manera completamente normal eso pese a que desde 2015 Mediapro y LaLiga se querellaron contra su creador, el que fue detenido por la situación un año más tarde, pero dejado en libertad rápidamente solo la obligación de firmar mensualmente en el juzgado mientras dura la investigación. Ahora, ambas compañías piden seis años de cárcel en total  y seis millones de euros como multa.